La Asociación de parques y ocio infantil de Mallorca, perteneciente a PIMECO, contrata los servicios de un bufete profesional de abogados para interponer una demanda vía administrativa ante el Govern Balear, solicitarán ante el Ejecutivo Autonómico la compensación económica por daños y perjuicios. Los asociados preparan los balances de años anteriores para demostrar las pérdidas, las cuales son importantes.

Si el Govern de Francina Armengol no satisface ni atiende las demandas económicas por vía administrativa, terminada esta, se verán obligados a acudir a los tribunales de justicia, interpondrán una demanda patrimonial y los daños y perjuicios consiguientes. Muchos se han visto obligados a cerrar definitivamente y otros añaden dinero por las pérdidas ocasionadas de su propio patrimonio.

Está claro que la salud es un bien muy necesario y que el Govern puede imponer sus criterios y promover cierres, pero las empresas también tienen sus derechos. No se puede cerrar un establecimiento y olvidarse de los autónomos y trabajadores. Por eso habrá por vía administrativa una petición reglada e incluso con intervención de mediadores y si no se consigue nada será un juez quién tenga la última palabra.

El ocio infantil y los Chikiparcs ha sido penalizados como en ninguna otra comunidad autónoma, sobre todo en Mallorca. La Asociación de PIMECO se ha manifestado varias veces ante el Parlament y no ha obtenido ningún apoyo del actual Gobierno de Mallorca, la empatía ha brillado por su ausencia. Si han contado con la sensibilidad de su drama con El Pi, Ciudadanos (Cs), PP y VOX, los partidos de la oposición del Parlament.