La conselleria de Salud, en colaboración con la Guardia Civil, detecta la presencia de productos caducados en tres establecimientos alimentarios. Los propietarios han sido propuestos para sanciones que pueden alcanzar hasta los 20.000 euros. Han sido inspeccionadas una empresa de ultracongelados, un hotel y un negocio de productos cárnicos frescos

La Guardia Civil en colaboración con inspectoras de la Conselleria de Salud, ha llevado a cabo la Operación Quick-Frozen, destinada a controlar la comercialización de productos con la fecha de consumo preferente expirada. A raíz de una investigación policial, se tuvo conocimiento que, en diferentes establecimientos alimentarios de Mallorca, se estaba comercializando productos cuya fecha de consumo preferente se encontraba rebasada. Por ello, la semana pasada se realizaron varias inspecciones conjuntas en varios establecimientos relacionados con la industria alimentaria (producción, distribución y venta), en hoteles y establecimientos hosteleros.

La primera inspección tuvo lugar en las instalaciones de una empresa encargada del almacenamiento frigorífico y distribución de alimentos ultracongelados, donde se inmovilizaron y precintaron más de 14 palés de productos cuya fecha de consumo preferente y de caducidad se encontraba rebasada. Además, carecían de la documentación necesaria de la trazabilidad de estos productos, por lo que se ordenó la suspensión de la actividad de distribución.

La segunda inspección fue realizada en un establecimiento hotelero donde se hallaron, inmovilizaron y precintaron 8 palés de productos cuya fecha de consumo preferente había expirado. La última inspección tuvo lugar en un establecimiento cuya actividad está dedicada al despiece, envasado y almacenamiento frigorífico de productos cárnicos frescos. Se pudo constatar que la cámara frigorífica se encontraba rota y no funcionaba desde meses atrás, utilizando un tráiler en plataforma frigorífica de congelación para este fin, por lo que se precintó.

Por todo lo anterior, los propietarios de estos comercios y establecimientos alimentarios han sido propuestos para sanciones de acuerdo con la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Las infracciones detectadas podrían ser tipificadas como graves y leves. Las sanciones establecidas por dicha ley son de hasta 5.000 euros para las leves y de hasta 20.000 euros para las graves.