El Govern interviene una partida de 5.400 huevos provenientes de la Península por presunto fraude en el peso. En una inspección a un distribuidor agroalimentario de Mallorca, se ha comprobado que el 16,9 % de los huevos analizados tenían un peso inferior al que correspondía a la categoría indicada en el etiquetado. La partida ha quedado inmovilizada porque no cumple las normas de comercialización que establece la normativa europea.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante el Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha intervenido una partida de 5.400 huevos provenientes de la Península por presunto fraude en el peso (calibración). La intervención se ha llevado a cabo durante una inspección a un distribuidor agroalimentario de Mallorca, en la que se ha comprobado que el producto no cumplía las características de peso indicadas en el etiquetado.

En concreto, se ha detectado que el 16,9 % de los huevos analizados tenían un peso inferior al mínimo establecido para la categoría comercial declarada, un porcentaje que supera la tolerancia máxima del 5 % permitida por la normativa europea. Ante este incumplimiento, la partida de 5.400 huevos ha quedado inmovilizada porque no cumple los requisitos de comercialización establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2023/2465.

Esta actuación forma parte de los controles habituales de calidad agroalimentaria, que incluyen la vigilancia de los productos procedentes de fuera de las Illes Balears para verificar que cumplen las normas de comercialización. Las irregularidades en la calibración de los huevos pueden suponer un perjuicio económico para los consumidores y generar situaciones de competencia desleal entre los operadores del sector agroalimentario.

La Conselleria recuerda que los incumplimientos de la normativa vigente pueden dar lugar a sanciones administrativas. En este caso, los hechos detectados pueden constituir una infracción grave, sancionada con una multa de entre 3.001 y 60.000 euros, de acuerdo con la legislación aplicable.